Estudio de Caso

La inestabilidad sociopolítica que comenzó en 2002 y el estado de violencia tras la crisis postelectoral de 2010/2011 han creado inseguridad y vulnerabilidad en Costa de Marfil. Esta situación ha llevado al colapso de los sistemas judicial y penitenciario, así como a una mayor pobreza y desigualdad, y falta de acceso a servicios sociales básicos, como el registro civil.

La población ha aumentado en los últimos años debido a la inmigración, pasando de 15 millones de habitantes en 1998 a más de 24 millones en 2017. San Pedro es una de las regiones más vulnerables de Costa de Marfil. A pesar del gran potencial agrícola, la creciente población de San Pedro, especialmente mujeres y jóvenes, enfrenta un desempleo agudo e inseguridad alimentaria. Más de un tercio vive por debajo del umbral de la pobreza, y las mujeres en las zonas rurales son las más afectadas. El sector agrícola representa el 42,5% de la fuerza laboral y el empleo informal representa el 93,5% del trabajo.

San Pedro también se ve afectada por el bajo nivel de registro civil (el 46% de los jóvenes menores de 18 años no están registrados). Esto lleva a la exclusión de los jóvenes de los servicios públicos y los programas de protección social. Las personas que tienen acceso limitado a servicios sociales básicos, sistemas de protección social y servicios financieros tampoco pueden registrar sus actividades generadoras de ingresos.

El programa promovió la colaboración entre agencias de la ONU (PNUD, UNICEF, FAO), el Gobierno nacional y las organizaciones locales para ayudar a la población en riesgo a satisfacer sus necesidades básicas. El programa también se centró en el diálogo entre los sectores público y privado para apoyar mejor las iniciativas locales. El programa tuvo como objetivo crear oportunidades económicas y de empleo para mujeres y jóvenes a través de empleos y emprendimiento local, seguridad alimentaria y nutricional, y acceso a asistencia legal. El programa conjunto apoyó a grupos de productores y asociaciones en el desarrollo de actividades económicas y el desarrollo de capacidades. Cada agencia de la ONU aportó sus ventajas y experiencias comparativas: el PNUD apoyó diversas actividades (agricultura, transformación de productos y servicios) mediante el fortalecimiento de sus operaciones y técnicas; UNICEF se centró en los niños y las mujeres; y la FAO se basó en su experiencia en alimentación y nutrición para ayudar a grupos específicos.

El programa trabajó para el crecimiento inclusivo al crear empleos decentes con un énfasis en la capacitación de jóvenes y mujeres. La creación de empleos y el empoderamiento de las comunidades locales se llevó a cabo a través del apoyo técnico y financiero en sectores desde la agricultura y la educación hasta la atención médica. 2.000 mujeres y jóvenes recibieron apoyo en actividades económicas, lo cual permitió producir diferentes productos agrícolas y aumentar sus ingresos. También se llegó a más de 60.000 beneficiarios indirectos en San Pedro y mejoró la autosuficiencia de 1.789 personas (61.4% mujeres).

El programa ayudó a crear 916 empleos, de los cuales 494 fueron para mujeres. De estos, el 54% correspondió a los sectores agrícola, piscícola y de procesamiento de alimentos. Como resultado, 916 pequeños agricultores mejoraron sus técnicas de producción y cultivo. Las capacitaciones técnicas y las mejores semillas aumentaron los rendimientos de arroz en 6-9 toneladas por hectárea, duplicando la cantidad de arroz producido cada año. El acceso a los mercados para los productores agrícolas se mejoró mediante la rehabilitación de 25 km de caminos rurales, lo que permitió a la población un mejor acceso al mercado local y a los servicios sociales básicos. En términos de capacitación, 293 jóvenes empresarios (115 mujeres) recibieron formación en planificación y financiamiento comercial para iniciar actividades comerciales en la ganadería, comercialización de diversos productos y servicios y procesamiento de alimentos.

Se realizó una campaña de sensibilización sobre el trabajo infantil para promover cambios en las normas y percepciones respecto al trabajo infantil en la industria del cacao. En total, más de 32.000 personas en 54 comunidades fueron informadas sobre estos daños y 295 niños fueron retirados de las plantaciones. Se establecieron siete centros de alfabetización para alojar a los niños y también clubes de madres para 494 participantes.

El programa también dio información a los grupos vulnerables sobre sus derechos así como asistencia legal a través una red comunitaria de “clínicas legales”. Estas clínicas, dirigidas por la Asociación de Mujeres Abogadas de Costa de Marfil, brindaron información y servicios de asistencia legal a las familias, con un enfoque en mujeres y niños en riesgo de abuso. La asistencia jurídica gratuita garantizó el acceso a la justicia y el restablecimiento de los derechos de las mujeres sometidas a violencia sexual durante el período posterior a las elecciones. Además, los centros proporcionaron ayuda a los niños no registrados en el registro del estado civil y sin partida de nacimiento. La clínica legal apoyó a 20.000 personas, incluidas 10.085 mujeres, que recibieron consultas legales gratuitas sobre sus derechos económicos y civiles. Como resultado, 4.466 personas recibieron documentos legales relacionados con sus actividades comerciales y 3.515 niños recibieron ayuda para obtener registros de nacimiento.

El programa también apoyó los esfuerzos del gobierno local para abordar el problema de los niños no registrados. Las actividades de comunicación y movilización en cerca de 700 localidades crearon conciencia sobre la importancia del registro civil. Se implementaron mecanismos comunitarios para el registro de nacimientos en casi 470 localidades. En un esfuerzo por ampliar y fortalecer los servicios públicos, el programa también proporcionó equipo a 623 servicios de registro civil.

Los socios del programa trabajaron según sus propios mecanismos de gestión y financiamiento. Diferentes reglas, procedimientos de contratación y regulaciones financieras causaron retrasos y problemas en la prestación de servicios y la asignación de contratos a proveedores locales. La armonización de procedimientos, mecanismos de contratación y financiamiento pueden mejorar las sinergias. Una mejor coordinación de los esfuerzos conjuntos también puede ahorrar tiempo y recursos para las actividades del programa.

Algunos niños traídos desde las plantaciones a los centros de alfabetización se fueron antes de finalizar el programa. Esto se debió a la baja capacidad técnica de estos centros vocacionales para impartir capacitación. Se necesita una mejor preparación de los instructores para asegurar el éxito de esta acción.

Las actividades relacionadas con la cría de animales experimentaron dificultades en cuanto al suministro. Las ciudades donde los productores compraban los animales están muy lejos de la San Pedro. Como resultado, el transporte aumentó las tasas de mortalidad de las aves, reduciendo así las ganancias de los productores. Otro desafío fue la falta de un criadero en el área de San Pedro. Es necesaria una mejor evaluación del territorio durante el diseño del programa conjunto.