Estudio de Caso

A pesar de que el 86% de los mexicanos sí tiene acceso al agua, todavía hay muchas personas que no pueden acceder a este recurso con la calidad y en la cantidad necesarias para llevar una vida digna. En las áreas rurales, especialmente en las comunidades indígenas, existen miles de localidades marginadas y aisladas que cuentan con casi cinco millones de personas sin acceso al agua. Además, la rápida urbanización que se registra en las principales ciudades del país está provocando asentamientos informales de difícil acceso, sin servicios ni infraestructuras y expuestos a riesgos hidrometeorológicos.

En México, los municipios son las entidades responsables de la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, su capacidad de gestión y financiera es muy débil, especialmente en las áreas deprimidas. Por otra parte, la mayor parte de las instituciones encargadas del acceso al agua se centran fundamentalmente en el desarrollo de infraestructuras y prestan poca atención a las cuestiones relacionadas con la participación social.

El acceso a recursos hídricos seguros y asequibles para todos resulta crucial para la erradicación de la pobreza y la protección de la salud, pero además, contribuye especialmente al empoderamiento de las mujeres. Las consecuencias de un acceso inadecuado al agua, aunque resultan universalmente devastadoras, tienden a afectar de forma más grave a las mujeres. En los hogares sin cobertura, son sobre todo las mujeres y los niños los encargados de la gravosa responsabilidad de ir a por agua, invirtiendo con frecuencia cantidades desorbitadas de tiempo y energía en dicho proceso. Esta situación conlleva una serie de perjuicios que van, desde los trastornos físicos hasta la imposibilidad de las mujeres y niñas para involucrarse en otras actividades, como la educación, la generación de ingresos, la política o el descanso y la recreación. Además, la falta de servicios accesibles conduce en muchas ocasiones a relaciones tensas y difíciles dentro del hogar, incrementando así la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia doméstica.

Por otro lado, mientras que las mujeres son mayoritariamente responsables del agua para uso doméstico y comunitario, es a los hombres a quienes se confiere la mayor parte de los derechos relacionados con el agua y todo lo referido a la toma de decisiones en las instituciones. En este sentido, la puesta en marcha del programa buscó mejorar el acceso de la población al agua, aumentando la participación de las mujeres en la gestión del agua e incorporando la perspectiva de género en las políticas y las instituciones relacionadas.

La estrategia de la intervención giró en torno a los tres pilares descritos a continuación, adoptando, al mismo tiempo, intervenciones específicas centradas en el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género.

• Valoración de los servicios de agua y saneamiento con una perspectiva de género. El programa llevó a cabo numerosos estudios con el objetivo de recopilar y facilitar información relacionada con el servicio de agua y saneamiento con una perspectiva de género. Se trataron temas referentes al marco legal, económico, disponibilidad y acceso al agua e impacto en la salud en los municipios de trabajo.
• Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas y las instituciones públicas relacionadas con el agua. Se sensibilizó y fortaleció a las instituciones responsables de las políticas de género para que ampliaran sus mandatos a cuestiones ambientales, como la gestión del agua y de los desastres naturales.  Al mismo tiempo, se proporcionó asistencia técnica y capacitación a las instituciones responsables de la gestión del agua, el acceso a información pública y la protección civil, para integrar el enfoque de género y la interculturalidad en su trabajo.
• Participación de las mujeres en la gestión del agua. En varias localidades rurales se crearon comités locales para gestionar la desinfección del agua y se instalaron sistemas domésticos de agua potable. Cada proceso de instalación fue acompañado por una estrategia para fomentar la participación de las mujeres en la gestión del sistema.

Valoraciónde los servicios de agua y saneamiento con unaperspectiva de género

Se llevaron a cabo diagnósticos que ofrecieron información específica sobre cuestiones de género relacionadas con el agua, el saneamiento y la etnicidad. Se presentaron los datos desglosados por sexo sobre la situación normativa del agua en áreas urbanas y rurales, su disponibilidad, tarifas, usos y la vulnerabilidad así como los riesgos meteorológicos. Los diagnósticos incluyeron también información sobre la participación política, económica y laboral de las mujeres, sobre la mortalidad materna, salud, educación y violencia de género.

Se siguió un enfoque participativo que incluyó: cinco talleres por cada estado (con un total de  aproximadamente 3.000 participantes), 266 entrevistas con informadores clave y 139 cuestionarios. Los talleres se basaron en la metodología propuesta por la ‘Agenda Azul de las Mujeres’, desarrollada y aplicada desde 2006 por la Red de Género y Medio Ambiente. Como resultado, los nueve municipios seleccionados, así como las Secretarias de Desarrollo Económico y de Medio Ambiente de los Estados, cuentan con información desagregada por sexo, sobre el uso y la      gestión del agua. Se publicaron tres diagnósticos participativos, uno por estado:

• Chiapas: Agua y desarrollo. Agenda municipal para la igualdad de género.
• Tabasco: Agua y desarrollo. Agenda municipal para la igualdad de género.
• Veracruz: Agua y desarrollo. Agenda municipal para la igualdad de género.

Estos diagnósticos condujeron a uno de los impactos más relevantes generados por el programa. En Tabasco se reformó la Ley de Aguas del Estado, y en Chiapas, se realizaron reformas a la Ley de Agua y de Sustentabilidad para fortalecer a los patronatos, con énfasis en la gestión comunitaria. 

Por otro lado, el programa fomentó la participación ciudadana en la gestión del agua. Se diseñaron varias herramientas para concienciar y formar a las organizaciones de la sociedad civil en materia de participación social y transparencia, entre ellas:

• Guía ciudadana para la participación incluyente en la gestión del agua.
• Con información todos ganamos: Guía para conocer tu derecho.

Institucionalización de la perspectiva de género en laspolíticas y lasinstitucionespúblicasrelacionadas con el agua

Las cuestiones de igualdad de género se integraron en la agenda, las políticas, las estrategias y los planes de algunas instituciones claves. A continuación se exponen algunos de los principales logros:

• El Instituto Veracruzano de las Mujeres aumentó el presupuesto dedicado a cuestiones relativas a la gestión del agua.
• La Comisión de Agua y Saneamiento de Tabasco creó un puesto permanente de punto focal de género y reglamentó la paridad de género en los departamentos locales de gestión del agua (UDESAS).
• En Chiapas se crearon áreas de género tanto en el Instituto del Agua como en la Unidad de Protección Civil.
• El Instituto de Información Pública de Chiapas reprodujo las metodologías desarrolladas por el Programa para fomentar la participación de las mujeres y la población indígena en otros 23 municipios del estado.

Participación de lasmujeres en la gestión del agua

El programa brindó a las mujeres asesoría y capacitación en materia de gestión, monitoreo y vigilancia del agua y saneamiento, incidiendo en algunos casos en la constitución legal de las asociaciones ciudadanas. Se promovió la participación de las mujeres en la toma de decisiones de las Juntas y Comités de agua, así como en temas de transparencia y acceso a la información.

Se desplegaron sistemas de agua potable (“kioscos de agua”) en diversas comunidades rurales de los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Estos sistemas se conectaron con los pozos cercanos y recolectan agua de lluvia a través de tanques de ferrocemento, contando con sistemas de filtración. Debido a su sencillez y escaso mantenimiento, estas instalaciones constituyen un ejemplo de soluciones sostenibles fáciles de gestionar por la comunidad. Cada sistema de agua es gestionado por un comité local, y en la actualidad, las mujeres son mayoría en estos comités. Además, algunos de los sistemas de agua se convirtieron en microempresas locales, contribuyendo al empoderamiento e independencia económica de las mujeres.

Por ejemplo, en Sitalá (Chiapas) un grupo de matronas gestiona y explota el sistema de abastecimiento de agua. En sus domicilios se instalaron 15 sistemas individuales de agua potable denominados “mesitas azules”, que sirven tanto para uso doméstico como durante la atención de los partos. La instalación se realizó en colaboración con el Hospital Comunitario y la Casa Materna. Gracias a los sistemas de agua potable, las matronas ya no tienen que invertir tiempo y energía en ir a buscar agua. Además, están coordinadas con las autoridades locales, lo que supone un factor clave para la sostenibilidad.  Por otra parte, la necesidad de buscar leña para hervir agua disminuyó significativamente, lo que se tradujo en menos  pérdida de tiempo, trabajo y complicaciones respiratorias.

• Si bien la participación de diferentes agencias de Naciones Unidas demostró ser una metodología multidimensional muy eficiente a la hora de conseguir resultados, el gran número de agencias participantes en esta intervención generó incompatibilidades y problemas de comunicación. Esto puso de manifiesto la necesidad de diseñar programas con un número menor de agencias (tres o cuatro como máximo) y de crear una agenda administrativa conjunta que definiese cauces y procedimientos compartidos para reducir costos y gestionar con mayor eficiencia. Hay que garantizar que, desde el principio, los programas cuenten con una estrategia de comunicación entre los actores claramente definida, que permita transmitir a todos los destinatarios una comprensión del mismo, más allá de eventos puntuales de promoción. Por otro lado, es necesario dotar a la coordinación nacional del programa de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada una de las agencias para garantizar el éxito de los programas.
• En los municipios de San Juan Canuc y Sitalá fue necesario solicitar permiso a los hombres para  que las mujeres participasen en los talleres, cursos y capacitaciones del programa. La experiencia puso de manifiesto que la inclusión de las parejas de las beneficiarias en los procesos de capacitación crea bases de confianza para el desarrollo del programa.
• Para lograr una mayor eficiencia y eficacia hubiera sido importante contar con una figura en cada gabinete de los gobiernos estatales y municipales. Para fortalecer este anclaje, debería haberse insistido más en el funcionamiento de los comités estatales de gestión del programa.
• La rotación de personal en iniciativas de mediana o larga duración, mayores a dos años, genera vacíos de información  y procesos de adaptación largos, que solo pueden ser  abreviados con estrategias de información permanente y mantenimiento de una   memoria institucional actualizada. Hay que diseñar mecanismos para evitar la pérdida de recursos humanos y técnicos formados durante el proceso del programa, para garantizar la sostenibilidad  de las formas organizativas iniciadas y las buenas prácticas.

• El programa constituye una referencia exitosa de la capacidad e impacto que tiene el sistema de Naciones Unidas cuando sus agencias trabajan de manera coordinada y multidimensional, aportando cada una su conocimiento y experiencia. Sin embargo,  es muy importante que los roles de las distintas agencias de Naciones Unidas sean claros y se establezcan acuerdos sobre los objetivos comunes, consiguiendo un aprendizaje mutuo por parte de las agencias e instituciones vinculadas.
• La cuestión de la representación dentro la comunidad es siempre problemática. El término “comunidad” a menudo se usa como si representara a una estructura homogénea, clara y definida. Sin embargo, oculta un abanico de intereses particulares en términos de posición económica, condición étnica, equilibro de género y edad. Resulta esencial acercarse a las comunidades teniendo en cuenta estas complejidades y no partir de hipótesis erróneas.
• Los diagnósticos participativos de género revelaron necesidades e intereses diferenciados de las mujeres y los hombres que antes se desconocían, y fueron vitales para abordar la intervención. Comprender los roles, las relaciones y las desigualdades de género puede ayudar a explicar las elecciones que hacen mujeres y hombres, así como sus diferentes opciones. Las diferencias y las desigualdades influyen en su percepción y participación en el uso y la gestión del agua.
• Incentivar la participación de los ciudadanos a través de la información y la educación en el derecho humano al agua es vital para construir una gestión eficiente del recurso y para recuperar la confianza en las instituciones.
• El acceso a información fiable también es imprescindible para fortalecer las capacidades institucionales. Permite identificar áreas de mejora y tomar acciones informadas. Estos diagnósticos llenaron el vacío anterior en cuanto a datos desagregados y análisis relativos al acceso al agua en comunidades marginadas, y sirvieron como respaldo para las decisiones políticas y normativas.
• Es importante la participación activa de los beneficiarios en la elaboración de las estrategias, metodologías y procesos para lograr la aceptación y apropiación de los proyectos. Además, la implicación de la comunidad resulta esencial para la sostenibilidad de los servicios y las inversiones realizadas en gestión del agua, así como para impulsar cambios de comportamiento en relación con el uso y la conservación del agua.
• El apoyo político, financiero y práctico de las autoridades locales y regionales es imprescindible para el éxito de las iniciativas locales de gestión del agua. Aunque las comunidades locales habitualmente perciben las ventajas de la colaboración, con frecuencia carecen de los recursos financieros, las aptitudes técnicas, los conocimientos o el acceso a la información pertinente para alcanzar un acuerdo y ponerlo en práctica. Invertir en fortalecer las instituciones locales y crear capacidad de actuación entre sus trabajadores resulta en un beneficio directo a la comunidad, por la estrecha relación de la administración local con su pueblo.

Las prácticas impulsadas pueden constituir una referencia para el resto de proyectos de agua que se ejecuten en México, pero también para otros países. La intervención mejoró la vida de las mujeres al facilitar y visualizar información relativa a su situación así como por desarrollar sus capacidades en la gestión del agua. La estrategia de sostenibilidad puesta en práctica se centra en la institucionalización de unidades de género en instituciones públicas claves relacionadas con el agua, en la promoción de la participación de las mujeres y la sociedad civil en la gestión del agua, así como en la instalación de sistemas de agua segura basados en tecnologías adecuadas. Estos sistemas de agua potable son fácilmente replicables en otras localidades debido a su tecnología sustentable y por su sencilla gestión. Además, otorgaron a las mujeres la posibilidad de continuar siendo gestoras del agua sin asumir los riesgos tradicionales de su obtención.

Para garantizar el éxito y la sostenibilidad del programa se involucró a organizaciones civiles, representantes indígenas y grupos de mujeres, que contribuyeron al proceso de manera activa. De esta manera, las mujeres adoptaron las intervenciones como propias. Es precisamente esta apropiación una cuestión vital de cara a la sostenibilidad de las acciones, pero también se debe fortalecer la apropiación en actores locales y estatales capaces de replicarlas. Se identificaron a mujeres líderes que, por su posición en la comunidad o iniciativa propia, replicarían los conocimientos adquiridos, promoviendo la sostenibilidad de las capacidades instaladas y asistirían a reuniones de los comités estatal y municipal.