Estudio de Caso

Oportunidades económicas y ciudadanía para mujeres en extrema pobreza


SDGs ADDRESSED

Objetivo 5: Igualdad de género Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Este estudio de caso se basa en las lecciones aprendidas del Patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de Bolivia
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SECCIONES

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1. RESUMEN

La intervención tuvo como objetivo mejorar la situación socioeconómica de las mujeres rurales e indígenas de las zonas más pobres de Bolivia, proporcionándoles unos medios de vida sostenibles para ellas y sus familias.

Se buscó desarrollar un entorno institucional más favorable para hacer realidad los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, se impartió educación sobre derechos de las mujeres en las comunidades rurales, gobiernos municipales, así como a en distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

 

La estrategia fue proporcionar recursos a las familias rurales excluidas a partir del apoyo a las mujeres

La estrategia fue proporcionar recursos a las familias rurales excluidas a partir del apoyo a las mujeres

El programa se articuló en torno a dos pilares:

  • Generación de patrimonio productivo para las mujeres, asegurando la igualdad en el acceso a créditos, activos, recursos productivos y tecnología.
  • Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres educando en derechos y proporcionando documentos de identidad a aquellas mujeres que carecían de ellos.

El presente estudio de caso expone una serie de aprendizajes, resultados y ejemplos prácticos cuyo objetivo es reforzar y ampliar el conocimiento a la hora de trabajar en emprendimientos con  mujeres.

2. SITUACIÓN INICIAL

La situación socioeconómica de Bolivia ha mostrado un comportamiento favorable en los últimos años. Sin embargo, el país registra todavía altos niveles de pobreza y desigualdad social, sobre todo en las zonas rurales.

Esta situación afecta especialmente a las mujeres rurales, quienes sufren la falta de servicios y oportunidades laborales debido a su aislamiento. La participación de las mujeres en el mercado laboral es muy baja; suelen dedicarse a actividades económicas de carácter informal y disponen de una baja cualificación técnica. En 2009 se registró que el 63% de las mujeres eran trabajadoras familiares o aprendices sin retribución, mientras que el 24,6% eran trabajadoras por cuenta propia. Tan sólo el 9% de las mujeres tenía un empleo formal y con derecho, por tanto, a percibir prestaciones sociales.  Por lo general, adquieren su formación en el hogar, bajo la dirección de sus madres. En ese sentido, su actividad económica es casi una extensión de su labor doméstica.

En este contexto, la pobreza no se refiere únicamente a los niveles de ingresos o consumo de alimentos, sino sobre todo a la falta de propiedad de la tierra (sólo el  1,2% de las tierras están a nombre de mujeres) así como a la falta de acceso a prestaciones sociales, de servicios financieros y de asistencia. Debido a ello, las mujeres rurales no pueden acceder a los recursos necesarios para la realización de actividades económicas ni pueden disfrutar una plena ciudadanía, por falta de documentos de identidad y conocimiento del ejercicio de sus derechos.

En Bolivia, sólo el 1,2% de las tierras están a nombre de mujeres

En Bolivia, sólo el 1,2% de las tierras están a nombre de mujeres

3. ESTRATEGIA

El programa se centró en asegurar los derechos económicos y sociales de las mujeres rurales, cuya situación de pobreza y marginación incrementa su  vulnerabilidad.

La estrategia fue proporcionar recursos a las familias rurales excluidas a partir del apoyo y la asistencia a las mujeres, por medio de organizaciones denominadas Unidades Económicas Rurales (UER). En concreto, se ayudó a las mujeres a desarrollar ideas de negocio; se les proporcionó un capital inicial necesario para la puesta en marcha  de sus empresas; y se fortalecieron sus capacidades para mejorar la gestión, la calidad y comercialización de sus productos. La capacitación y los servicios de asesoría se centraron también en el establecimiento de relaciones con proveedores, con el objetivo de garantizar un mercado para sus productos y asegurar, de este modo, la sostenibilidad de los medios de subsistencia de las familias involucradas.

Al mismo tiempo, se desarrolló una estrategia dirigida a incrementar el ejercicio de la ciudadanía y los derechos políticos de las mujeres. Para ello, se asistió a las mujeres en el proceso de solicitud de documentos de identidad para las que carecían de ellos y se proporcionó educación en ciudadanía a mujeres, comunidades y autoridades locales. La educación  en ciudadanía contempló  cinco ejes  de  capacitación: 1) derechos para promover la igualdad jurídica; 2) derechos para promover la atención del Estado;  3) derechos para promover el no ejercicio  de  discriminación;  4)  fortalecimiento de organizaciones públicas cuya obligación  es  garantizar  el  ejercicio  de  derechos;  y  5)  procedimientos, habilidades  y  destrezas  para acudir a dichas organizaciones.

 

El enfoque aplicado, que combinó la capacitación técnica personalizada con el fortalecimiento de las capacidades cívicas, demostró ser eficaz. Desde el punto de vista de las mujeres, el programa contribuyó al incremento de sus ingresos, lo que les permitió satisfacer mejor las necesidades cotidianas de sus familias, incluyendo seguridad alimentaria y educación. Además, los documentos de identidad y el fortalecimiento organizacional contribuyeron a reforzar su participación en los procesos de toma de decisiones en sus hogares y comunidades.

La capacitación y los servicios de asesoría para mujeres se centraron también en el establecimiento de relaciones con proveedores, con el objetivo de garantizar un mercado para sus productos y asegurar, de este modo, la sostenibilidad de los medios de subsistencia de las familias involucradas

4. RESULTADOS E IMPACTO

El programa contribuyó a reducir la pobreza al proporcionar financiación a las mujeres empresarias, empoderándolas además para la toma de decisiones en asuntos familiares y comunitarios. 

Antes de la intervención, el 81% de las mujeres no cumplían los requisitos necesarios para acceder a servicios financieros. Al finalizar el programa, todas las mujeres participantes tenían acceso a cuentas de ahorro, líneas de crédito, remesas y pago por servicios, entre otros. Como consecuencia, se mejoró el empleo o se crearon puestos de trabajo para 5.090 mujeres, que incrementaron su patrimonio en un promedio del 50%. Además, cerca de 2.000 mujeres recibieron capacitación básica en materia de producción, gestión y contabilidad de ingresos y gastos. Por otro lado, las participantes señalaron que habían dedicado el 63% de sus beneficios a satisfacer las necesidades de sus familias, mejorando considerablemente la situación familiar inicial.

El programa también permitió que 3.748 mujeres disfrutasen plenamente de su derecho de ciudadanía por primera vez, así como 9.397 personas pertenecientes a su entorno familiar. Además, las capacidades de incidencia política y vigilancia de las organizaciones de mujeres también se vieron reforzadas, mediante la sensibilización en derechos, la formación en temas de liderazgo, y la ampliación de sus ámbitos de participación en la vida pública.

Antes del programa, sólo el 22% de las participantes ejercía su derecho a voto, debido a la falta de información y de documentos de identidad. Tras  la    intervención,    el   97%   de   las   mujeres participantes tomó parte en procesos electorales.  Provistas de su documentación de identidad, las mujeres participantes estuvieron en disposición de crear organizaciones autorizadas para la participación política. De hecho, el 30% de las mujeres emprendedoras que participó en los cursos de formación en derechos civiles fueron nominadas como candidatas para liderar organizaciones productivas o comunitarias, y el 60% de ellas resultaron elegidas.

Las autoridades municipales también recibieron formación en derechos de las mujeres, y cuatro gobiernos municipales comenzaron a ejecutar proyectos para promover la igualdad de género. En las entrevistas realizadas, el 94% de las mujeres declararon que su situación mejoró de manera significativa con la ayuda del programa.

En términos cualitativos, la intervención contribuyó a sacar a muchas mujeres de su aislamiento, y permitió que cada una de ellas reconociese sus capacidades y aprendiese a valorarse. Esto tuvo un impacto importante en su autoestima y posicionamiento en su hogar y entorno comunitario.  Las beneficiarias pasaron de una situación de subordinación a otra en la que son mejor consideradas, reduciendo las tensiones familiares. A consecuencia de este cambio interno en las mujeres, se hace menos probable que una mujer tolere ser víctima de violencia familiar ya que su autonomía económica es un paso importante para influir en sus derechos económicos y de género. Cada vez más la comunidad considera que las mujeres son actoras económicas locales que contribuyen al desarrollo de la sociedad.

5. RETOS

  • Las unidades de género, integradas en los gobiernos municipales para atender a las mujeres y ofrecer orientación en el ejercicio de los derechos, se consideraban exclusivamente como parte del área social, sin ninguna vinculación con el desarrollo productivo. Al ser unidades independientes del resto de la estructura institucional, la falta de una perspectiva de género transversal afectaba no sólo en materia de derechos económicos, sino también a los planes de desarrollo departamental y municipal. El programa expuso esta cuestión a las autoridades, que finalmente concertaron un plan de trabajo para fortalecer el enfoque de género en los nuevos planes de desarrollo municipal y en la reelaboración de políticas.
  • Garantizar  la  participación  de  las  mujeres en  los  procesos  de  capacitación  y  asistencia  técnica implica adecuaciones en términos de horarios, traslado y logística e incluso sistemas de guarderías para sus hijos pequeños. El trabajo con emprendimientos liderados por mujeres debe equilibrar las responsabilidades que las mujeres asumen en la actividad económica con el resto de obligaciones en su entorno, especialmente en el caso de las mujeres que son cabeza de familia.
  • A pesar del impacto en las actividades laborales de las mujeres y del aumento de su aporte económico al hogar, sus responsabilidades en cuanto a las labores domésticas y de crianza de los hijos no variaron ni se reorganizaron las tareas con el resto de familiares. Esta realidad debe ser considerada como una tarea pendiente de cara a futuras intervenciones. Por otro lado, la inclusión de sus parejas en los procesos de capacitación creó bases de confianza para el desarrollo del programa.
  • Todavía queda mucho camino hasta lograr ambientes institucionales favorables a los derechos de las mujeres, tanto en los gobiernos municipales como en departamentales. Tal es así, que el diseño original del servicio de ciudadanía que incluía la titularización de tierras tuvo que eliminarse finalmente de la intervención, debido a que la institución responsable de llevar a cabo el  proceso presentó objeciones, la mayoría de tipo burocrático, que impidieron la firma de acuerdos.
  • La rotación de personal en iniciativas de mediana o larga duración (mayores a dos años) genera vacíos de información y procesos de adaptación largos. Para abreviarlos se necesitan estrategias de información permanente y el mantenimiento de una memoria institucional actualizada.
  • El  grupo  de  edad con el que se trabaja determina los niveles de participación. La adaptación y contextualización de las metodologías e instrumentos de capacitación  tomando en cuenta  los aspectos  culturales e idiomáticos de   las   mujeres contribuyen  a  satisfacer  sus  demandas  de  aprendizaje.
  • La rotación de personal en iniciativas de mediana o larga duración (mayores a dos años) genera vacíos  de  información  y procesos  de  adaptación  largos, que  solo  pueden  ser  abreviados  con estrategias   de   información   permanente   y   mantenimiento   de   una   memoria   institucional actualizada.
  • Los procesos de apoyo a actividades económicas deben considerar acciones en  períodos mayores a dos años y medio, ya que es el tiempo en que los nuevos  emprendimientos tardan consolidarse y ser sostenibles.
  • Para la elaboración de los informes semestrales del programa, se tuvo que recurrir a la información del sistema público del país, que en varios casos usaba indicadores diferentes. Para paliar ese déficit, se reorientó de manera integral el sistema de monitoreo del programa con la incorporación de indicadores cualitativos medidos periódicamente, mejorando el seguimiento de la situación de las mujeres beneficiarias del programa.

6. LECCIONES APRENDIDAS

  • El programa constituye una referencia exitosa de la capacidad e impacto que tiene el sistema de Naciones Unidas cuando sus agencias trabajan de manera coordinada y multidimensional, aportando su conocimiento y experiencia. Sin embargo, para que una intervención sea exitosa es muy importante que los roles de las distintas agencias sean claros y se establezcan acuerdos sobre los objetivos comunes, consiguiendo un aprendizaje mutuo por parte de las agencias e instituciones vinculadas.
  • La financiación no reembolsable puede proporcionar un beneficio considerable a las mujeres en la medida en que mejora sus negocios, genera ingresos y mejora su autoestima, obteniendo además reconocimiento como protagonistas de sus propios procesos de desarrollo.
  • Conducir la estrategia del programa a través de las Unidades Económicas Rurales (UER) también produjo un fortalecimiento institucional, propiciando los colectivos de mujeres. Una vez que se impulsa la creación de organizaciones comunales y otras asociaciones productoras a raíz de sus emprendimientos, las mujeres tienden a organizarse para solucionar sus problemas, desarrollando acciones conjuntas para el ejercicio de sus derechos.
  • El éxito de los emprendimientos desarrollados por mujeres permite visibilizar  la labor de las mujeres en su familia, en su rol como proveedoras del hogar y como promotoras del desarrollo en su comunidad.
  • La integración y apropiación del programa por parte del Gobierno para la formulación de políticas públicas, así como la incorporación de otros actores   públicos y privados, contribuye a la consolidación, sostenibilidad y apropiación de las iniciativas de desarrollo.
  • La mejor manera de fomentar las capacidades de las mujeres es ofreciéndoles una asistencia técnica personalizada in situ, que responda a una demanda específica y práctica. Este tipo de asistencia técnica posibilita mejoras sustanciales en la productividad, de modo que un pequeño negocio puede convertirse en una mediana o incluso gran empresa.
  • Las actividades de refuerzo de capacidades y concienciación dirigidas a autoridades políticas y líderes comunitarios demostraron ser eficaces para aumentar los niveles de apoyo al programa y desarrollar un entorno más favorable y sensible al género.


7. SOSTENIBILIDAD Y POTENCIAL DE RÉPLICA

La metodología de la intervención desarrollada por el programa puede servir como una guía para el diseño de un nuevo marco de políticas públicas o proyectos de desarrollo centrados en la reducción de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres.

El diseño del programa incorporó desde un inicio aspectos relativos a la  sostenibilidad del mismo, integrando a diferentes actores públicos en los tres niveles de gobierno, a las ONG y la sociedad civil, especialmente en la formulación y participación de las acciones. Involucrar a las mujeres beneficiarias en las acciones del programa supuso que éstas adoptasen el programa como propio. Es precisamente esta apropiación una cuestión vital de cara a la sostenibilidad de las acciones.

El trabajo “a demanda” fue uno de los elementos más valorados por las beneficiarias

El trabajo “a demanda” fue uno de los elementos más valorados por las beneficiarias

El programa atendió a las mujeres “a demanda”. Las mujeres decidieron con qué emprendimiento querían participar, algunas eligieron cambiar su actividad y otras fortalecer la que estaban desarrollando. El trabajo a demanda fue uno de los elementos más  valorados  por  las  beneficiarias,  y una garantía para la sostenibilidad de la intervención, ya que no hubo nada impuesto. Además, los emprendimientos de las mujeres tienden a ser sostenibles en el tiempo. Las mujeres tienen un alto enfoque social debido a su amplia relación con lo comunal y suelen implicar a los miembros de sus familias en sus acciones.