Abril 26, 2018
Los desafíos del derecho de acceso universal a la justicia



El Fondo ODS de la ONU y la Universidad presentan el informe final del ciclo ‘Universal Access to Justice’

El Fondo ODS de la ONU y la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra analizan desafíos y oportunidades que plantea el derecho de acceso universal a la justicia como objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Lo hicieron en la presentación de un informe que aborda el derecho de acceso a la justicia desde la perspectiva de las Naciones Unidas y de las regiones de Europa, Latinoamérica y África; que se desarrollaron en el ciclo ‘Universal Access to Justice’, organizado conjuntamente con el Consejo General de la Abogacía Española.

“La Agenda introdujo un cambio sustancial, pues se pretende que la idea del desarrollo pase por la apropiación nacional, que cada país pueda definir y asumir sus necesidades y que no lo haga otro –explicó la directora del Fondo ODS, Paloma Durán, que subrayó los objetivos de conocer cada país y sus circunstancias, pues “cuando se empieza a negociar, el papel de los países es diferente”; y tender hacia la universalidad: “La pobreza es un problema de todas las sociedades, todos tenemos que dar una respuesta”.

Paloma Durán afirmó que “es importante abrir el debate sobre cuáles son los límites del ejercicio del derecho” y, en la misma línea, la vicedecana de la Facultad de Derecho Asunción de la Iglesia señaló que “cuando se habla de acceso a la justicia se refiere a un derecho llave que abre la tutela a todos los derechos. Un derecho vale lo que valen sus garantías”.


En el informe sobre el derecho de acceso a la justicia como objetivo de la Agenda 2030 se presentaron los fundamentos, el concepto y los desafíos más acuciantes que surgen en pos del desarrollo del objetivo 16. El profesor Juan Cianciardo, director del Máster en Derechos Humanos de la Universidad de Navarra, indicó que “nunca se había recogido este derecho en la agenda internacional con tanta claridad” y subrayó el objetivo de universalidad e igualdad, “que todas las personas y colectivos puedan acceder a la justicia”.

Asimismo, reflejó los desafíos de la comunidad internacional: “La correcta priorización, que requiere detectar aquellos grupos que padecen la privación de acceder a la justicia; garantizar el libre acceso a la abogacía; y la profundización en los estudios, en la realización de informes activos y donde participe la sociedad civil”.

Por su parte, Rangita de Silva, Associate Dean of International Affairs at University of Pennsylvania Law School, afirmó que “es el momento de enfrentar el problema que han enfrentado las mujeres por generaciones: las discriminaciones contra ellas en el acceso a la justicia”. En este punto, recordó que “todavía hay países en que los hombres deciden en qué pueden y en qué no pueden trabajar las mujeres”. De Silva analizó la vulneración de los derechos de las mujeres en países como Nigeria, India, Turquía, Rusia o China, entre otros.

La presentación del informe clausuró el ciclo de conferencias ‘Universal Access to Justice’, que analizaron el objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Con el fin de promover los objetivos fijados en esta Agenda, Naciones Unidas creó en 2014 el Fondo ODS, un mecanismo de cooperación al desarrollo establecido que contó con una aportación inicial del Gobierno de España. El Fondo ODS trabaja con las diferentes agencias de la ONU para llevar a cabo proyectos e iniciativas concretas de desarrollo sostenible y desarrolla programas conjuntos contra la pobreza en sus múltiples formas, donde participan todos los actores del desarrollo: desde agencias de Naciones Unidas, gobiernos nacionales y locales, hasta representantes del mundo académico, organizaciones civiles y empresas.

  

Este artículo de Blanca Rodríguez fue inicialmente publicado en la web de la Universidad de Navarra. Leer aquí.