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Octubre 10, 2017
Leyenberger: “Continúan existiendo restricciones presupuestarias en el sistema judicial”



El jefe de la División de Independencia y Eficiencia de la Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa, Stéphane Leyenberger, analizó en el Consejo General de la Abogacía Española las desigualdades en los distintos estados de la Unión Europea.

La intervención de Leyenberger se enmarcó en el ciclo ‘Acceso Universal a la Justicia’, que organiza el Fondo de la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fondo ODS), el Consejo General de la Abogacía Española y la Universidad de Navarra, y aborda el derecho de acceso a la justicia en cuatro encuentros desde la perspectiva de las Naciones Unidas y de las regiones de Europa, Lationamérica y África respectivamente.

“En la mayoría de los estados europeos se está produciendo un aumento en el presupuesto asignado al sistema judicial”, aseguró Stéphane  Leyenberger. No obstante, advirtió que “continúan existiendo restricciones presupuestarias en países del sur de Europa, como España, Grecia o Portugal”. Sobre la asistencia jurídica gratuita, recordó que los estados de la Unión Europea tienen justicia gratuita para los más necesitados en el proceso penal y, en algunos casos, en la jurisdicción civil.


La directora de desarrollo del Fondo ODS, Paloma Durán, destacó la importancia del Objetivo 16 (facilitar la justicia para todos) en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y reconoció que “este objetivo es imprescindible para la estabilidad social”. En este sentido, Durán explicó que el Fondo ODS es “un mecanismo creado en la ONU para, entre otras cosas, lograr involucrar a todos los actores de la justicia a implementar la Agenda de Sostenibilidad”.

Durán explicó que desde el Fondo ODS se ha organizado este ciclo de encuentros para discutir el acceso universal a la justicia “teniendo en cuenta en el estudio los diferentes escenarios, pero también los actores que están implicados en cada una de las regiones y países, cada uno con sus propias circunstancias”.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, destacó que “la universalización del acceso a la justicia es imprescindible para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y hacer realidad el progreso social y la paz; no podemos consentir que las desigualdades sociales se traduzcan en un desigual acceso a los tribunales”.

“En España, el acceso universal a la Justicia se garantiza por casi de 47.000 abogados y abogadas adscritos al Turno de Oficio para defender los derechos de las personas con menos recursos, tanto ante tribunales nacionales como europeos. Por ello, exigimos a las administraciones públicas el reconocimiento social y las retribuciones justas que su importante labor merece”, señaló la presidenta del Consejo.

Ortega, quien también es miembro fundador del Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, explicó que el objetivo principal de este organismo es “es la defensa de los abogados víctimas de amenazas, torturas o cualquier otro tipo de maltrato, así como la denuncia de las situaciones que atenten contra el derecho de defensa”.

 “Sin un sistema de justicia eficaz e independiente no resulta posible el respeto de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, que se mencionan como valores fundamentales en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”, subrayó el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Jorge Noval, quien explicó que con estos encuentros se pretende “sentar las bases de un diagnóstico preciso para elaborar una propuesta que contribuya a una mayor concienciación de los problemas que se afrontan y a una eliminación de los obstáculos existentes, para que todas las personas accedan en la Unión Europea a la justicia, con una atención particular a grupos como los niños y los migrantes”.

"Acceso Universal a la Justicia"

En el primer encuentro, que se celebró en Nueva York durante el ‘Foro Político sobre Desarrollo Sostenible’, participaron representantes de la ONU, despachos de abogados y especialistas internacionales en Derecho, además de expertos de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.

El análisis del acceso universal a la justicia desde las perspectivas internacional, europea, latinoamericana y africana permitirá elaborar un informe final para abordar el objetivo 16 (facilitar el acceso a la justicia para todos) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Con el fin de promover los objetivos fijados en la Agenda, Naciones Unidas creó en 2014 el Fondo ODS, un mecanismo de cooperación al desarrollo establecido que contó con una aportación inicial del Gobierno de España. El Fondo ODS trabaja con las diferentes agencias de la ONU para llevar a cabo proyectos e iniciativas concretas de desarrollo sostenible y desarrolla programas conjuntos contra la pobreza en sus múltiples formas, donde participan todos los actores del desarrollo: desde agencias de Naciones Unidas, gobiernos nacionales y locales, hasta representantes del mundo académico, organizaciones civiles y empresas.