Según datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano de Panamá para el año 2010 era alto, ubicándolo en el puesto noveno en América y primero en Centroamérica. Sin embargo, al desagregar este índice en función a la desigualdad económica y por género, el mismo cae 15 posiciones y baja hasta el puesto 95, respectivamente. Estas diferencias reflejan la existencia de significativas desigualdades sociales entre la población localizada en las áreas periurbanas, rurales e indígenas. Lo anterior se valida con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (2011) que señalan que la pobreza afecta al 16,4% de la población del área urbana, mientras que el 96% de la población indígena vive en situación de pobreza y el 41,8% se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Por otro lado, la dispersión de las comunidades indígenas y su ubicación en áreas remotas de difícil acceso encarecen el costo de soluciones sanitarias tradicionales, dificultando la justificación económica de las inversiones y la participación privada.
En este contexto de desigualdades y pobreza se encuentra la comarca Ngäbe Bugle, que representa el 78,4% de la población indígena del país. El ingreso promedio de los hogares gira en torno a 60 dólares americanos mensuales, por lo que no es raro que los servicios de agua y saneamiento básico sean, en algunas comunidades, precarios o inexistentes. De hecho, el censo de vivienda de 2010 indicó que, de las 26.256 viviendas de la comarca, el 61% no tenían acceso a agua potable y el 59% no disponía de una solución sanitaria para la eliminación de sus excretas, prevaleciendo como práctica el hacer uso de ríos tanto para buscar el agua para consumo humano y otros usos domésticos como para la disposición de excretas. Además, en las áreas de Bisira y Kankintu, donde se desarrolló el proyecto, existe un alto grado de discriminación hacia las mujeres. Esto, unido a la falta de ingresos y de acceso a servicios básicos de salud, agua y, especialmente, a la educación, convierte a las mujeres en un colectivo muy vulnerable.
La realización progresiva del acceso a los recursos hídricos seguros y asequibles para todos resulta crucial para la erradicación de la pobreza y la protección de la salud, pero además, contribuye especialmente al empoderamiento de las mujeres. Las consecuencias de un inadecuado acceso al agua aunque resultan universalmente devastadoras, afectan de forma más grave a las mujeres. Cuando no hay agua fácilmente accesible, son sobre todo las mujeres las encargadas de su obtención, invirtiendo con frecuencia cantidades desorbitadas de tiempo y energía. Esta situación conlleva perjuicios que van, desde los trastornos físicos, hasta la imposibilidad de las mujeres para involucrarse en otras actividades como la educación, la generación de ingresos, la política o el descanso y la recreación. Además, la falta de servicios accesibles conduce en muchas ocasiones a relaciones tensas dentro del hogar, incrementando así la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia doméstica.
Por otro lado, mientras que las mujeres son mayoritariamente responsables del agua para uso doméstico y comunitario, es a los hombres a quienes se confiere la mayor parte de los derechos relacionados con el agua y todo lo referido a la toma de decisiones en las instituciones. En este sentido, la puesta en marcha del programa buscó garantizar el acceso de la población al agua, prestando especial atención a la participación de las mujeres.
