Estudio de Caso

Bolivia atraviesa un momento de transición, de un modelo democrático estrictamente representativo a otro en el cual se promueve una mayor participación directa de la comunidad en los asuntos públicos, más descentralizado y que apunta con claridad hacia una mayor equidad social.

Los desafíos de la transición se plantean en tres esferas: 1) el fortalecimiento de un Estado de derecho más inclusivo; 2) la búsqueda de una ciudadanía plena que sea capaz de reivindicar el cumplimiento de los derechos humanos a través de una participación activa en los procesos de toma de decisiones; y 3) el encuentro entre lo institucional y el ejercicio de la ciudadanía, donde el desafío es la construcción de espacios que acerquen al ciudadano a sus instituciones y viceversa.

En este sentido, incidir en la falta de mujeres en la toma de decisiones y la violencia que sufren cuando alcanzan puestos públicos resulta crucial en la consecución de un Estado de derecho equitativo. En los últimos años se ha mejorado la legislación boliviana para promover la participación política de las mujeres en los diferentes espacios de decisión pública. Sin embargo, ni la denominada ley de cuotas de 1997, que solamente se refería a los cargos electos, ni la introducción a un nuevo sistema de cuotas en 2004, que exigía la presencia de una  mujer por cada tres candidaturas, resultaron ser soluciones efectivas a la falta de mujeres en la política boliviana. Una de las razones fue la ausencia de sanciones por incumplimiento, a pesar de que se encomendaba a la Corte Nacional Electoral y a las cortes departamentales la responsabilidad de garantizarlo. En muchos casos, esta laguna posibilitó que los partidos políticos y las asociaciones ciudadanas burlaran la legislación al presentar candidatos que en las listas se hacían pasar por mujeres.

Tras un largo proceso, finalmente en 2010 se logró promulgar una acción decisiva en favor de la participación política de las mujeres, aplicándose los principios de equidad y paridad en la Constitución Política del Estado y en la normativa electoral vigente. Desde entonces, pese a que en Bolivia se habían registrado avances importantes en la participación femenina en términos cuantitativos, estos avances plantearon nuevos desafíos. En primer lugar, resultó evidente la necesidad de llevar a cabo acciones sostenidas para verificar la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos electorales, así como de establecer claramente sanciones ante su incumplimiento. Por otro lado, se convirtieron en recurrentes los problemas relacionados con la discriminación, la manipulación y la violencia política contra un número creciente de mujeres en la esfera pública, lo que hacía necesaria la adopción de políticas y acciones concretas para promover la participación política de las mujeres y la eliminación de la violencia a la que las mujeres son sometidas.

Las medidas adoptadas por el programa se enmarcaron dentro de la línea estratégica de la Representación Política del Plan Quinquenal de La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL). Se desarrollaron cuatro líneas de acción, cada una de las cuales presentó una estrategia específica:

Aprobación de la Ley 243, de 28 de mayo de 2012, contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Este proceso se inició el año 2000, en una reunión de la Comisión de Participación Popular del Congreso de la República, donde las concejalas denunciaron de forma pública el acoso y la violencia política que se ejercía en contra de ellas en diferentes municipios del país. En 2001, se realizaron las primeras gestiones orientadas al diseño del primer proyecto de ley contra el acoso y violencia política en razón de género. En los años siguientes, y sobre la base de este primer proyecto, se siguió desarrollando un trabajo de coordinación con diferentes instituciones para sistematizar y difundir dicho proyecto de ley.

Uno de los resultados más importantes del trabajo desarrollado en esos años fue la creación, en 2004, del Comité Impulsor de los Derechos Políticos de las Mujeres, integrado por representantes de diferentes instituciones que trabajan en temas de género. A partir de la conformación de este comité, se logró la sensibilización y empoderamiento de mujeres de diferentes instituciones públicas sobre la importancia de los temas de acoso y violencia política.

Finalmente se aprobó y promulgó la Ley 243, de 28 de mayo de 2012, contra el Acoso y Violencia

Política hacia las Mujeres, que no limitó su aplicación a mujeres en cargos electivos, sino que ampliaba su alcance a mujeres designadas o en el ejercicio de la función política o pública, lo que representó una diferencia de los primeros proyectos presentados.

Esta ley establece una clasificación de los actos de acoso y violencia política, distinguiendo entre faltas leves, graves y muy graves, y fija las sanciones para cada categoría, lo que permite identificar claramente estos actos y sus correspondientes castigos. En casos de acoso o violencia política, la denuncia puede ser presentada por la víctima o sus familiares, o cualquier persona natural o jurídica, en forma verbal o escrita ante las autoridades competentes. Se establecen tres vías de denuncia: administrativa, penal y constitucional.  En el caso de la vía penal, un avance importante en esta normativa fue la incorporación de nuevas categorías penales en el código penal boliviano. Esta vía prohíbe la conciliación, con la finalidad de evitar presiones mayores a las víctimas de acoso y violencia política. Al mismo tiempo, se realizó un estudio sobre los problemas y obstáculos de las mujeres para participar en los procesos electorales.

Obtención de evidencias y respuestas ante los casos de acoso y violencia política.

Se diseñó el ‘Formulario de Denuncia de Acoso y Violencia Política’ con el fin de registrar y seguir los casos atendidos y los antecedentes. Este formulario incluye una sección que debe ser cumplimentada por la especialista para evaluar el tipo de acción, la gravedad del caso y la recomendación sobre las acciones que se deben adoptar.

En 2011, se diseñó la ‘Guía de Sistematización y Clasificación: Acoso y Violencia Política en Razón de Género’ para el registro de los casos atendidos en las asociaciones departamentales de concejalas, un instrumento que es importante para garantizar la coherencia del registro de los datos. El registro sistematizado de casos contribuyó a fijar los términos de la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Los principales actos de acoso o violencia política están relacionados con el uso de la fuerza para obligar a las autoridades municipales electas a suscribir todo tipo de documentos y/o respaldar decisiones contrarias a su voluntad (41,37%), acciones destinadas a restringir o impedir el cumplimiento efectivo de sus funciones y/o atribuciones (30,12%) y actos de discriminación por razones de condición social, cultura, raza, etc. (16,47%).

• La intervención estuvo condicionada por el entorno socio político en el que se inserta, y más siendo un proceso de apoyo a una serie de políticas e instituciones, lo que supuso limitaciones desde el punto de vista de la valoración de resultados. A pesar de lo anterior, los elementos positivos son numerosos; especialmente porque se puede valorar de forma muy positiva el alcance de bastantes productos (redacción y aprobación de leyes, elaboración de estrategias institucionales, publicaciones y difusión de normas, etc.)
• Todavía existen límites duros para el logro de ambientes institucionales favorables a los derechos de las mujeres. Pese a los esfuerzos realizados en la asesoría y el tratamiento de los casos de acoso y violencia política, todavía son muy pocos los que se resuelven a favor de las mujeres, ya que siete de cada diez quedan impunes. Es importante que los organismos de asesoría y apoyo supervisen y acompañen la tramitación de los casos hasta su conclusión. En caso de no hacerlo, se corre el riesgo de que la víctima abandone su caso, debido a la fatiga o bien porque el motivo de la queja se ha agravado, dejándola en una situación aún más vulnerable. Esto podría desanimar a otras víctimas a denunciar.
• Hay que trabajar más para fortalecer los departamentos legales de las instituciones. La asesoría técnica y jurídica que ofrece el personal de las asociaciones departamentales de concejalas presentó limitaciones de naturaleza técnica. No todas las asociaciones cuentan en su plantilla con profesionales del derecho, así como de naturaleza política, ya que sus funcionarias corren el riesgo de sufrir presiones políticas para abandonar el asesoramiento de los casos. Esta doble amenaza puede contribuir a un descenso de los resultados jurídicos positivos para las víctimas. Una de las modalidades de atención analizadas es la de externalizar este servicio. Sin embargo, para que esta modalidad tenga éxito, se debe establecer un diálogo en coordinación con los organismos profesionales y/o universidades para capacitar a juristas y otorgarles un certificado que avale su capacidad adicional para ocuparse de estos casos y para manejar la base de datos de profesionales disponibles para las víctimas de acoso y/o violencia política.